El diputado nacional por Catamarca advirtió sobre los riesgos de flexibilizar las restricciones a la propiedad rural en manos extranjeras y cuestionó los cambios en los requisitos para obtener la ciudadanía argentina.
El diputado nacional por Catamarca, Fernando Monguillot, expresó su preocupación por la soberanía territorial y las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia de tierras rurales y ciudadanía, durante una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación.
El legislador, integrante del bloque Elijo Catamarca, sostuvo que es posible promover inversiones y respetar el derecho a la propiedad privada sin poner en riesgo el control nacional sobre el territorio y sus recursos.
Un antecedente que marcó a Catamarca
Para fundamentar su postura, Monguillot recordó un conflicto ocurrido en 2003 en el departamento La Paz, cuando una empresa de capitales extranjeros adquirió cerca de 120.000 hectáreas, situación que afectó a familias campesinas de la zona.
Según recordó, después de años de litigios, en 2016 se dictaron fallos judiciales que reconocieron la posesión de las tierras a las familias involucradas.
El caso fue utilizado por el diputado como ejemplo de las consecuencias que puede generar la concentración de grandes extensiones de tierra y de la importancia de proteger los derechos de las comunidades rurales.
En ese sentido, remarcó que la defensa de la propiedad privada, reconocida por el artículo 17 de la Constitución Nacional, no resulta incompatible con la existencia de límites destinados a resguardar la soberanía territorial.
Cuestionamientos a los cambios en la ciudadanía
Otro de los puntos abordados por Monguillot fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que modificó la Ley de Ciudadanía N.º 346.
El legislador manifestó su preocupación por los mecanismos que permiten acceder a la ciudadanía argentina mediante determinadas inversiones económicas, sin exigir residencia previa, según los términos señalados durante su exposición.
Entre las condiciones mencionadas se encuentran aportes de 350.000 dólares y la compra de títulos públicos por 800.000 dólares.
Para Monguillot, estas modificaciones requieren una discusión profunda por sus implicancias institucionales y por la relación entre la inversión económica, la residencia y el acceso a la ciudadanía nacional.
La soberanía como eje del debate
El diputado también hizo referencia al DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales, y planteó la necesidad de analizar las consecuencias de las reformas sobre la propiedad de los recursos estratégicos del país.
Su intervención se produjo en medio de un debate parlamentario más amplio sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, que incluyó la discusión acerca de la restitución de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Finalmente, Monguillot llamó a escuchar las demandas de las comunidades afectadas y de las organizaciones civiles para evitar que estos conflictos terminen trasladándose a los tribunales.
El planteo del legislador catamarqueño puso nuevamente en el centro de la discusión nacional la necesidad de compatibilizar las inversiones con la protección del territorio, los derechos de las comunidades y los recursos naturales para las futuras generaciones.
