El tribunal escuchó los argumentos de las partes en la causa que investiga al diputado provincial por presunto peculado y amenazas. La resolución se conocerá el 15 de septiembre.
La Cámara de Apelaciones llevó adelante este viernes la audiencia en la que se analizaron los planteos vinculados con la investigación que tiene como protagonista al diputado provincial del MID, Javier Galán, a partir de una denuncia por presunto peculado y amenazas.
Durante la audiencia, la defensa del legislador cuestionó las acusaciones y sostuvo que el hecho denunciado como amenaza no encuadraría en una figura penal. También planteó objeciones respecto de la existencia de elementos que permitan sostener la acusación por presunto peculado de servicios y exacciones ilegales.
Tras escuchar las posiciones de las partes, los integrantes del tribunal informaron que la decisión será comunicada el 15 de septiembre, fecha en la que se conocerá el veredicto sobre los planteos analizados.
El origen de la denuncia
La causa se inició a partir de la presentación realizada por Iván Luna Avellaneda, quien cuenta con el patrocinio de los abogados querellantes Silvia Barrientos y Jaime Morales.
Según consta en la denuncia, Luna Avellaneda habría figurado formalmente como empleado de la Legislatura, pero habría sido destinado a realizar tareas en el Corralón San Javier, una empresa privada vinculada al legislador.
El denunciante también señaló que habría tenido que transferir parte de sus ingresos a terceras personas y relató un episodio que involucraría al diputado, acusándolo de haberlo intimidado y de haberle solicitado que declarara contra una mujer que previamente lo había denunciado. Estos hechos forman parte de la investigación y deberán ser evaluados por la Justicia.
Una semana marcada por decisiones judiciales
La audiencia se produjo pocos días después de otro revés judicial para la defensa de Galán, en una causa diferente en la que se investigan presuntos delitos de abuso sexual.
En ese expediente, la Justicia rechazó un planteo relacionado con los plazos de investigación para funcionarios que cuentan con fueros parlamentarios y declaró inconstitucional, para ese caso, la aplicación del plazo previsto en el artículo 20 del Código Procesal Provincial.
El tribunal consideró que ese plazo no resulta aplicable de la misma manera en investigaciones vinculadas con hechos de violencia de género.
Ahora, todas las miradas están puestas en la decisión que la Cámara de Apelaciones dará a conocer el próximo 15 de septiembre, cuando se determine el resultado de los planteos formulados en esta causa.
