El expediente por presunta insolvencia fraudulenta quedó definitivamente bajo la órbita de la Justicia ordinaria de Catamarca. La investigación estará a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°8 y apunta a determinar si hubo maniobras destinadas a ocultar o transferir bienes para evitar que respondieran ante los acreedores.
La causa vinculada a Edgar Adhemar Bacchiani y Adhemar Capital SRL suma un nuevo capítulo judicial luego de que la investigación por presunta insolvencia fraudulenta quedara en manos de la Justicia provincial.
El expediente será investigado por la Fiscalía de Instrucción N°8, a cargo de Juan Manuel Sánchez Ruiz, después de una disputa de competencia que durante casi un año enfrentó a los fueros federal y provincial.
El eje de la pesquisa estará puesto en determinar si, cuando la empresa ya no podía hacer frente a sus compromisos con los inversores, se produjeron movimientos de bienes, dinero, inmuebles o activos digitales con el objetivo de evitar que fueran utilizados para responder ante los acreedores.
Un expediente de gran volumen
La investigación que recibió la Fiscalía provincial está compuesta por 30 cuerpos y alrededor de 6.000 fojas, además de unos 40 anexos probatorios.
La dimensión del expediente plantea un desafío para la Justicia, especialmente por la necesidad de reconstruir movimientos patrimoniales y financieros y establecer el destino de determinados activos.
Entre las personas que serían notificadas dentro de esta investigación aparecen Bacchiani, Zaraive Garcés Rusa, Gustavo Aparicio, Carlos Correa, Joaquina Córdoba Gandini, Lucas Retamozo, Iván Segovia, Alejandro Segli y Luis Gribaudo, además de otros denunciados que forman parte de la causa federal.
La inclusión de estos nombres no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad: será la investigación judicial la que deberá establecer las responsabilidades que correspondan.
El patrimonio, en el centro de la investigación
Uno de los puntos más complejos será determinar qué bienes integraban realmente el patrimonio de Bacchiani y cuáles pudieron haber sido transferidos o apartados antes de que se concretaran medidas judiciales.
Durante la investigación surgieron referencias a distintos inmuebles, terrenos y otros activos que Bacchiani habría mencionado en sus declaraciones, aunque en varios casos existieron dificultades para acreditar formalmente su titularidad.
En paralelo, los procesos de quiebra de Bacchiani y de Adhemar Capital SRL continúan por la vía civil y comercial.
Según los datos consignados en el expediente, 1.444 personas verificaron créditos por más de $15.000 millones, mientras que el universo de inversores afectados sería considerablemente mayor.
Dos investigaciones diferentes
La causa por insolvencia fraudulenta quedó separada de la denominada megacausa federal, en la que se investigan presuntas estafas, asociación ilícita, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
Mientras esa causa continúa en el ámbito federal, la Justicia provincial deberá concentrarse ahora en determinar si existieron maniobras destinadas a disminuir, ocultar o desprenderse del patrimonio que debía responder frente a los acreedores.
Para avanzar, la pesquisa podría requerir análisis contables especializados, estudios patrimoniales y peritajes destinados a reconstruir movimientos de dinero y activos digitales.
El desafío será establecer con precisión qué ocurrió con los bienes y fondos vinculados al entramado de Adhemar Capital, y si existieron acciones deliberadas para impedir que esos activos quedaran disponibles para afrontar las obligaciones con los inversores.
La investigación recién comienza esta nueva etapa y será la Justicia provincial la encargada de determinar si las sospechas planteadas en el expediente pueden ser respaldadas por pruebas concretas.
