La investigación por presunto lavado de activos relacionada con una lujosa propiedad ubicada en Pilar y vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá continuar en la Justicia Federal de Campana, según resolvió la Cámara Federal de Casación Penal.
La decisión fue adoptada por la Sala I del máximo tribunal penal, integrada por Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar. Los dos primeros magistrados votaron a favor de trasladar el expediente fuera del fuero Penal Económico porteño, mientras que Slokar se pronunció en disidencia.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes aparecen como propietarios de la sociedad Real Central SRL, mediante la cual se habría adquirido el inmueble ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar.
La investigación tomó mayor relevancia luego de un allanamiento en el que fueron encontrados vehículos de alta gama y otros bienes. La Justicia busca determinar el origen de los fondos utilizados para la adquisición de la propiedad y establecer si existió una maniobra de lavado de activos.
Una disputa por la competencia
El traslado del expediente fue motivo de una extensa disputa entre distintos tribunales. La defensa de Pantano y Conte sostuvo que el caso debía tramitar en Campana debido a que el inmueble investigado se encuentra dentro de esa jurisdicción.
El planteo se basó principalmente en el principio de territorialidad y en la garantía del juez natural. La defensa argumentó que la ubicación de la propiedad debía ser determinante para establecer qué tribunal debía intervenir.
En una instancia anterior, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico había considerado que la causa debía permanecer en los tribunales porteños, al entender que la investigación excedía la compra del inmueble e involucraba un entramado de operaciones societarias, comerciales y financieras.
Finalmente, Casación se inclinó por la postura de la defensa y determinó que la investigación deberá continuar ante la Justicia Federal de Campana.
La resolución no implica el cierre de la investigación, sino un cambio en el tribunal que tendrá a su cargo el expediente. La pesquisa continuará enfocada en determinar si detrás de las operaciones analizadas existieron maniobras compatibles con el delito de lavado de activos.
