La investigación por las presuntas irregularidades detectadas en títulos docentes en Catamarca podría ampliarse hacia una nueva modalidad: la presentación de certificados de capacitación que, según se sospecha, habrían sido utilizados para obtener mayor puntaje en concursos y mejorar posiciones dentro de los órdenes de mérito.
Desde el Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) anticiparon que analizan realizar una nueva presentación ante la Justicia para que se investigue la posible circulación y utilización de documentación apócrifa vinculada con cursos y capacitaciones.
El planteo se suma a la causa que ya investiga la existencia de títulos presuntamente irregulares. De acuerdo con lo informado por el gremio, serían alrededor de 200 los títulos que se encuentran bajo análisis para determinar su legitimidad.
La preocupación dentro del sector docente está relacionada no solamente con la documentación cuestionada, sino también con el posible impacto que estos certificados podrían haber tenido en concursos, designaciones y posiciones dentro de los listados de orden de mérito.
Desde el sindicato señalaron que existen presentaciones ante las Juntas de Clasificación de certificados de cursos cuya autenticidad debería ser verificada. En ese sentido, anticiparon que solicitarán que se profundice la investigación para determinar si hubo personas que recurrieron a documentación falsa con el objetivo de obtener ventajas laborales.
El caso también puso nuevamente bajo la lupa la comercialización de títulos y certificados falsos a través de internet y redes sociales. En distintas plataformas se ofrecen documentos que aparentan contar con sellos, formatos y referencias oficiales, aunque su autenticidad puede ser inexistente.
La investigación deberá determinar ahora si este tipo de maniobras tuvo efectivamente alcance dentro del sistema educativo provincial y, en caso de comprobarse irregularidades, quiénes participaron y qué consecuencias generaron.
Mientras avanza el análisis de los títulos cuestionados, desde el ámbito gremial plantearon la necesidad de reforzar los controles sobre la documentación presentada en concursos y procesos de designación, con el objetivo de garantizar que los antecedentes utilizados para establecer los órdenes de mérito sean legítimos.
