La comunidad indígena de Peñas Negras, en el norte del departamento Belén, sostiene una nueva etapa de resistencia en defensa de su territorio ancestral. Sus integrantes denuncian el avance de intereses mineros sobre las tierras que habitan y reclaman que se respeten sus derechos como pueblo originario. La defensa legal está encabezada por la abogada Andrea Morales Leanza.
En el extremo norte del departamento Belén, a más de 3.500 metros de altura, la Comunidad Indígena de Peñas Negras atraviesa nuevamente un escenario de tensión por el avance de proyectos de exploración y explotación minera en la zona.
La comunidad diaguita sostiene desde hace años un conflicto con empresas vinculadas a la actividad minera y denuncia que distintos intentos de ingreso a su territorio se realizaron sin respetar, según plantean, los derechos que les corresponden como pueblo originario.
El conflicto tiene como uno de sus principales puntos de discusión el proyecto minero Alto El Mulato, vinculado a la empresa Elevado Gold S.A., que proyecta actividades de exploración de minerales en el área. La comunidad cuestiona el avance de estos emprendimientos y reclama que cualquier intervención en su territorio contemple el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Una resistencia que lleva años
La disputa no es reciente. Distintas organizaciones y medios especializados han documentado durante los últimos años los reclamos de la comunidad de Peñas Negras frente al avance de la actividad minera.
Los integrantes de la comunidad sostienen que el territorio no representa solamente una superficie destinada a una eventual explotación económica, sino un espacio ancestral donde desarrollan su vida, sus actividades productivas y mantienen vínculos culturales con el ambiente.
En ese contexto, la comunidad volvió a denunciar situaciones de tensión y presuntos atropellos vinculados con el ingreso de personal y el desarrollo de actividades relacionadas con la minería. Informaciones difundidas en los últimos días señalan que los pobladores mantienen una actitud de resistencia y permanencia en el territorio.
Andrea Morales Leanza, al frente de la defensa
La representación jurídica de la comunidad está a cargo de la abogada Andrea Morales Leanza, especialista en Derecho Indígena, quien viene interviniendo en el conflicto y acompañando los reclamos de los integrantes de Peñas Negras.
Antecedentes del caso muestran que Leanza ya había asumido la defensa de integrantes de la comunidad en actuaciones judiciales vinculadas con las disputas territoriales y el ingreso de empresas mineras al área.
Desde la defensa se sostiene que el conflicto debe ser abordado teniendo en cuenta los derechos reconocidos a los pueblos originarios y las garantías vinculadas con la protección de sus territorios.
El reclamo por la consulta y el territorio
Uno de los principales reclamos de la comunidad está relacionado con el derecho a participar en las decisiones que puedan afectar sus territorios.
En anteriores presentaciones, comunidades diaguitas denunciaron ante organismos nacionales presuntas vulneraciones de derechos y cuestionaron el avance del proyecto Alto El Mulato. También reclamaron la aplicación de los mecanismos de consulta previstos para los pueblos indígenas.
Mientras la actividad minera continúa generando expectativas económicas en distintos sectores de Catamarca, en Peñas Negras el debate adquiere otra dimensión: para sus habitantes, se trata de defender un territorio que consideran ancestral y garantizar que cualquier decisión sobre su futuro contemple su voz.
La comunidad anunció que continuará resistiendo y visibilizando su situación. El conflicto vuelve así a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a buena parte de la provincia: cómo compatibilizar el desarrollo minero con los derechos territoriales, culturales y ambientales de las comunidades originarias.
