A partir del 5 de septiembre entrará en vigencia en Argentina la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil y reemplaza el esquema que regía desde 1980. La normativa introduce cambios significativos en la manera en que la Justicia aborda los delitos cometidos por adolescentes.
Uno de los principales cambios es que el régimen alcanzará a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por hechos considerados delitos por el Código Penal o por leyes penales especiales.
Un sistema que busca responsabilidad y reinserción
La nueva legislación no plantea únicamente una respuesta punitiva. Entre sus objetivos establece que el adolescente asuma responsabilidad por sus actos y que las medidas aplicadas favorezcan su educación, resocialización e integración social.
La ley contempla distintas alternativas a la privación de la libertad, entre ellas medidas socioeducativas, reglas de conducta, tareas comunitarias, mediación penal juvenil y suspensión del proceso a prueba, de acuerdo con las características y gravedad de cada caso.
La privación de la libertad, por su parte, queda sujeta a requisitos específicos y debe aplicarse bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
El desafío para las instituciones
En Catamarca, la entrada en vigencia del nuevo régimen también plantea la necesidad de adecuar el funcionamiento de la Justicia y de los organismos que intervienen ante situaciones que involucren a adolescentes.
El juez de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Catamarca, Fabricio Gershani Quesada, analizó los cambios y señaló la importancia de preparar a las distintas instituciones para la aplicación del nuevo esquema. También remarcó el papel que tendrán las familias y las escuelas frente a esta nueva realidad.
La implementación requerirá coordinación entre el Poder Judicial, organismos de protección de derechos, establecimientos educativos, familias y demás actores vinculados con la niñez y adolescencia.
Garantías especiales para los adolescentes
El nuevo régimen mantiene garantías específicas para las personas menores de edad sometidas a un proceso penal. Entre ellas se encuentran el derecho a la defensa, el debido proceso, la proporcionalidad de las medidas y el principio de interpretación favorable al adolescente.
Asimismo, la normativa establece la reserva del proceso y prohíbe difundir datos que permitan identificar al adolescente imputado, como su nombre, fotografías, filiación o lugar de residencia.
Con la entrada en vigencia prevista para el 5 de septiembre, Argentina comenzará una nueva etapa en materia de responsabilidad penal juvenil. Para Catamarca, el principal desafío será transformar el nuevo marco legal en un sistema que combine responsabilidad frente al delito con educación, protección de derechos y posibilidades concretas de reinserción social.
